¿Cómo ahorrar en las elecciones?

Enrique Alfaro / Columna Rumando



Las recientes reformas constitucionales aprobadas por el congreso local y la contrarreforma anunciada por el ejecutivo estatal tienen una motivación simple, según anuncian sus promotores: ahorrar importantes recursos financieros evitando elecciones, lo que serviría para atender demandas sociales urgentes.
Todo lo anterior pone en la mesa de discusión el costo de las elecciones en Chiapas y lo posibilidad de hacer de ellas una cuestión prescindible, aunque sea de manera coyuntural.
Sobre lo primero habría que decir que no es una particularidad de Chiapas el elevado costo de los procesos electorales, pues estudios de organizaciones internacionales no gubernamentales revelan que México es el país de América latina donde el voto es más oneroso.
Se ha calculado que el costo de cada voto mexicano es de 5.9 dólares, por encima del promedio de países como El Salvador (4.1) y Paraguay (3.7). En nuestra América hispano parlante la democracia más barata es la de Costa Rica donde cada sufragio cuesta 1.8 dólares (datos tomados de estudios de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, IFES por sus siglas en inglés).
El costo de la organización de procesos electorales en Chiapas es promedio en el contexto nacional por lo que no es posible responsabilizar a autoridades administrativas y jurisdiccionales del lo oneroso del costo de los votos en la entidad.
Luego entonces: ¿Por qué son tan caras las elecciones en Chiapas y en general en nuestro país?
Las causas son similares en ambos casos, pues son consecuencias de los mismos vicios del sistema electoral mexicano.
Partamos del hecho de que el abstencionismo en nuestra entidad ha sido tradicionalmente elevado por lo que la reducida votación depositada en las urnas tiene un costo elevado en consideración con los recursos gastados en los procesos electorales.
Justificados por estas circunstancias los partidos se han aumentado consecutivamente los recursos para sus campañas proselitistas sin que tan dispendiosas prerrogativas modifiquen la estadística de participación ciudadana.
Es decir, los ciudadanos no acuden a las urnas, entre otras razones, por desconfianza a los partidos y por las insulsas campañas que atiborran groseramente los medios masivos de comunicación.
La ausencia de participación ciudadana no encarece entonces las elecciones sino la falta de presencia y penetración de los partidos que sólo saben aumentarse los recursos de campaña en tiempos de crisis nacional.
Otra razón que encarece las elecciones es la gran cantidad de medidas de seguridad que las autoridades tienen que tomar para darles confianza a los partidos sobre la organización de las elecciones.
La desconfianza de los partidos encarece profundamente los procesos electorales por la cantidad de triquiñuelas que son capaces de hacerse entre si y que piden a las autoridades se eviten.
Luego de que se les cumple todas sus exigencias, finalmente los partidos acusan a los miles o millones de ciudadanos integrantes de las mesas directivas de casillas de prestarse a fraudes, que solo ellos pueden promover.
Una razón más del encarecimiento de los procesos electorales es la participación de partidos “pequeños” o “emergentes” que normalmente pierden su registro en sus primeras participaciones en elecciones federales o locales.
Cualquier estudio serio demuestra con facilidad que estos partidos son los que obtienen los votos más caros y que con menos claridad comprueban el financiamiento otorgado por las instituciones electorales.
Podría continuar argumentando decenas de cuestiones “técnicas” que encarecen las elecciones y ninguna de ellas tendría que ver con la responsabilidad de los ciudadanos.
Es necesario decirlo con todas sus palabras: son los partidos políticos los que encarecen la democracia mexicana, pero sería un despropósito sugerir su desaparición.
Por el contrario, las instituciones partidistas son necesarias para el fortalecimiento de nuestra democracia, pero sostener que solamente adjudicándoles mayores recursos conseguiremos vigorizarlas es una falacia total.
Entonces concluyamos: son los partidos y nos los ciudadanos los que encarecen las elecciones. Luego entonces bastaría limitar los excesivos recursos destinados a los partidos para conseguir importantes ahorros sin necesidad de negarles a los ciudadanos su derecho a votar y elegir.
Para demostrar lo anterior propongo se discuta con seriedad las siguientes propuestas:
— Eliminar el financiamiento público ordinario de manera permanente a los partidos políticos con registro ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Justificación: El Instituto Federal Electoral otorga año con año financiamiento ordinario a los partidos políticos para el sostenimiento de su estructura nacional. No existe, por lo tanto, ninguna razón para que los órganos estatales vuelvan a otorgar recursos por esa misma razón. En el año 2007 los partidos recibieron más de 50 millones ($50‘043,391.92) del IEyPC por el concepto de “financiamiento ordinario”, lo que multiplicado por seis años daría como resultado un ahorro sexenal de más 300 millones de pesos.
— Reducir el financiamiento de campaña de los partidos políticos
Justificación: Si en la contra reforma por venir se propondrá la reducción del tiempo de precampañas y campañas (10 y 20 días, respectivamente), para la elección de diputados, es perfectamente razonable que puedan reducirse también las de alcaldías. Esta reducción en tiempos justifica también la reducción del financiamiento, que podría ser de una tercera parte lo que ya se les otorga anualmente y que es superior, a los 50 millones de pesos.
Es importante destacar que de establecerse estas reducciones en la legislación electoral vigente en Chiapas, el ahorro permanente de recursos permitiría destinarlos a programas dirigidos a la población marginada durante todo el sexenio y no de manera coyuntural y única con la cancelación de las elecciones municipales de 2010.
Si los partidos, a través de sus diputados locales, sostienen que pueden ponerse de acuerdo para integrar los concejos de 118 municipios, cuestión que se me antoja verdaderamente compleja y difícil, es más fácil que simplemente se decidan a reducirse el financiamiento público que se les otorga en Chiapas.
Y si además ponen a consideración del pueblo estas medidas de verdadera austeridad republicana y de profunda responsabilidad social, podrían ganarse el prestigio que necesitan para convencer a los ciudadanos a participar en las elecciones de diputados y alcaldes para abaratarlas más.

Dos ilustraciones dos

Bruja sobre haz de luz. Tinta y café sobre papel

Efraín Bartolomé visto por Enrique alfaro








Ilustración hecha en vivo durante el programa Sin Censura de Canal 10

La asesoría tras la reforma: trascender o ser trascendidos

Enrique Alfaro / Columna Rumando

Quienes dieron origen e impulso a la reforma constitucional y electoral aprobada por el Congreso local deben de haber previsto todos los distintos escenarios posibles, favorables y adversos, que pudieran presentarse.
Por su naturaleza, este acto legislativo atañe directamente a la constitucionalidad vigente en el país y sus posibles consecuencias legales y políticas debieron ser anticipadas.
La gravedad de la reforma legislativa que inicialmente tuvo su paternidad en el Partido Revolucionario Institucional de Chiapas y luego fue adjudicada a la pluralidad representada Junta de Coordinación Política del congreso local, podría ubicar a sus actores en el ojo del huracán.
La asesoría, junto con el proyecto de reforma, debió acompañarse de su propio “atlas de riesgos”, en los que se agotara los posibles recursos políticos y legales en contra de la iniciativa, que pudieran no estar agotados.
El ambiente de mutismo creado durante el periodo de aprobación y finalmente publicación de la reforma referida, pareció dar paso a otro de celebración contenida, pero el “vencimiento del plazo para impugnar” previsto por los impulsores pudiera no estar concluido, lo que “prende focos rojos” en palacio.
Según el diario El Orbe “la Procuraduría General de la República intensificó la investigación en torno a la reforma legislativa promovida por el Congreso del Estado de Chiapas”.
Trasciende también que los juristas asesores del Congreso de la Unión se encuentran reuniendo información sobre el asunto en comento preocupados por sus posibles consecuencias, luego del activismo de Jorge Alcocer para llamar la atención sobre la reciente reforma chiapaneca.
Si nos atenemos a esto, los integrantes de las LXIII legislatura local deben de preocuparse, pues vendieron una idea que a estas alturas debiera estar en firme, sin discusión.
Supongo que los consejeros tras la reforma también se obligaron a prever la actitud que asumirá la representación de la Organización de las Naciones Unidas, que se ha vuelto la principal halagadora de la constitución chiapaneca, ante las modificaciones recientes y en caso de que pudiera darse un revés a lo aprobado por los diputados locales.
Por lo pronto, el gobernador Juan Sabines Guerrero se sujetó a lo disponga de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre dicha reforma constitucional en torno a prolongar el periodo de los legisladores.
Los asesores de los poderes de la entidad juegan hoy un papel fundamental. La moneda está en aire para trascender o ser trascendidos.

Propuesta ciudadana

Enrique Alfaro / Columna Rumando

Como se vale soñar, a continuación les propongo de manera pública un proyecto a nuestros diputados locales. Puede asumirlo la Junta de Coordinación Política o presentarse como punto de acuerdo al pleno. La población chiapaneca habrá de agradecer la atención a la presente y chance les regresemos la “H” al congreso.
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Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la constitución de una Comisión de Austeridad de este H. Congreso del Estado de Chiapas.

C O N S I D E R A N D O S :

1.- Que la república padece de una grave crisis a causa de una recesión económica mundial y a circunstancias internas atribuibles a las deficiencias de nuestras finanzas públicas.

2.- Que el Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha presentado una propuesta fiscal 2010 que incrementa los impuestos y disminuye el presupuesto destinado a las entidades federativas, afectando gravemente los recursos proyectados para el estado de Chiapas.

3.- Que el Gobernador del Estado, Juan José Sabines Guerrero, ha trazado una contrapropuesta a la contribución para el combate a la pobreza, planteada por el Ejecutivo Federal, que pretende se garantice la aplicación de los recursos en las entidades con menor Índice de Desarrollo Humano y de menor PIB per cápita.

4.- Que los Poderes del estado de Chiapas son corresponsables de la salud de las finanzas públicas de la entidad, así como están obligados moral y políticamente de velar por los apoyos financieros destinados a los sectores marginados del estado.

5.- Que esta legislatura, consciente de necesidad de optimizar recursos sin menoscabar al trabajo parlamentario, se suma al esfuerzo conjunto de las Poderes nacionales y locales para eficientar la administración pública y, en consecuencia, se puedan destinar mayores recursos para los sectores marginados.

Por los anteriores consideraciones, esta Junta de Coordinación Política

A C U E R D A :

PRIMERO: crear una Comisión de Austeridad integrada por un diputado representante de cada uno de los grupos parlamentarios que integran esta LXII Legislatura Local.

SEGUNDO: Esta comisión tendrá como objetivo revisar los gastos efectuados por conceptos de viajes, viáticos, seguro medico, comida, asesorías, representación, subvenciones, con el único propósito de proponer la reducción o desaparición de estas partidas en el presente y próximo ejercicio presupuestal.

TERCERO: Los resolutivos y propuestas hechas por esta comisión serán acatados de manera obligatoria por la Secretaría de Recursos Administrativos.

CUARTO: Comuníquese a los grupos parlamentarios para la inmediata integración de dicha comisión, que deberá entrar en funciones en el presente mes.

Dado en la presidencia del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de la Junta de Coordinación política, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 15 días del mes de octubre de dos mil nueve.
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Y si no le hacen caso a esta propuesta pues le seguimos quitando la “H” y no pasa nada.

* Coincidencias públicas, diferencias discretas

Enrique Alfaro / Columna Rumando

Indiscutiblemente, no todo puede que ser coincidencia entre el gobernador del estado y el presidente de la república.
Aunque pública y permanentemente Juan José Sabines Guerrero se manifiesta de acuerdo y en apoyo a las políticas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, existe una clara diferencia entre las visiones que poseen ambos mandatarios.
Y no es precisamente porque Calderón y Sabines resultaran electos a través de partidos distintos y encontrados.
Las diferencias se dan porque las prioridades del escenario nacional son, en muchas ocasiones, enteramente distintas de las regionales o locales.
En el tema de turismo, por ejemplo, las coincidencias del gobernador de Chiapas están más cerca del planteamiento priísta que perredista y muy lejos del calderonista.
Pero las diferencias en política son también oportunidades para mostrar discreción y reserva.

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Pese a que según especialistas el turismo es la tercera actividad económica más importante, luego de los ingresos del petróleo y de las remeses de los migrantes, el presidente Felipe Calderón ha propuesto la desaparición de la Secretaría del ramo, junto con las de Reforma Agraria y de la Función Pública.
Esta propuesta impacta negativamente a las entidades con fuertes ingresos por la visita de miles de turistas nacionales y extranjeros y en caso de Chiapas por su fortalecida vocación turística en el presente sexenio sabinista.
Los argumentos contra la desaparición de la Secretaría de Turismo se dan en el sentido de que, en la búsqueda de disminuir la carga burocrática federal, se está poniendo en riesgo la posición del país como destino internacional en tiempos en que disminuyen los ingresos por concepto petrolero y de remesas.
Al fusionarse turismo con la Secretaría de Economía se supeditaría la actividad a decisiones puramente comerciales, sostienen asociaciones de empresarios turísticos.
Por su parte, en Chiapas, el secretario estatal de turismo, Juan Carlos Calymayor Franco, ha sido enfático en oponerse a la desaparición de la secretaría federal y, más que una posición personal, es una decisión concensuada con el mandatario estatal.
Si alguna entidad del sureste le ha apostado a su vocación turística es Chiapas, donde su gobierno no se ha detenido ni un momento en la promoción de la visita de viajeros nacionales y extranjeros.
Basta con revisar la agenda pasada, presente y futura de Juan José Sabines Guerrero para entender de manera cabal la importancia que el gobernador le da a la promoción del turismo, acción que incluso le ha acarreado críticas.
Nunca como hoy los chiapanecos se habían enterados de la visita de personalidades distinguidas de la farándula y la diplomacia, de la celebración de eventos de impacto nacional e internacional, de la conformación de comitivas para promover al estado en los países del lejano oriente, sucesos que generan los comentarios más diversos.
De esta manera se contrapone la propuesta del presidente Calderón con el impulso del gobernador Sabines, sin que esta circunstancia cauce olas de ningún tipo.

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Otra propuesta calderonista que tendrá amplias repercusiones en el turismo es la posible aprobación de 2 por ciento de impuestos al consumo general.
Este nuevo arancel impactaría en las tarifas de hoteles, los paquetes de viaje y las promociones de las aerolíneas, encareciendo los destinos turísticos emergentes como Chiapas.
Esto irremediablemente desalentaría las inversiones en el rubro turístico lo que crearía recesión, que es el propósito contrario a lo declarado por el presidente de la república.
Además, el turismo tradicionalmente ha sido una herramienta para abatir la pobreza, pues se constituye en una palanca de desarrollo regional y local, que genera empleos, inversiones, impuestos y riqueza, como lo advierten conocedores del tema.
Estas circunstancias se confrontan con el impuesto calderonista contra la pobreza, propuesta que promete hacer llegar recursos a los estados como Chiapas con mayores índices de marginación.
Así dispuesta las cosas, las declaraciones sabinistas en el sentido de que “en tanto se trate de invertir más recursos en contra de la pobreza y específicamente de atender los índices de desarrollo humano”, con un “presupuesto con enfoque de pobreza”, que beneficie a los “28 municipios con menor índice de desarrollo humano”, resultan más un entendido de sacrificio de probables ingresos por turismo a cambio de un tangible presupuesto federal etiquetado contra la multicitada pobreza.
Recordemos que en reciente reunión los legisladores chiapanecos federales y el gobernador del estado, concretaron una contrapropuesta a la contribución para el combate a la pobreza, planteada por el Ejecutivo Federal, que pretende se garantice la aplicación de los recursos para contribuir a erradicar la pobreza, en las entidades con menor Índice de Desarrollo Humano y de menor PIB per cápita.
Además es posible que detrás exista un callado y frío cálculo de que los diputados priístas no permitan la desaparición de la Secretaría de Turismo, lo que sería coincidente con lo que cree el mandatario estatal y que beneficiaría a nuestra entidad
Insisto: las diferencias en política son también oportunidades para mostrar mesura y discreción.

Chiapas desplazado

Chiapas dejó de ser la entidad con mayor número de enfermos de influenza A H1N1. El Distrito Federal desplazó en el primer lugar a nuestra entidad.

Impuestos, prebendas y el sistema político.

Enrique Alfaro / Columna Rumando

Para el ciudadano común resulta compleja la discusión en torno a los impuestos propuestos por el presidente Felipe Calderón y los argumentos con que la oposición priísta y de izquierda le rebaten la conveniencia de aplicarlos.
El mandatario federal se encuentra atrapado, exhibido, pues su propuesta fiscal es contraria en absoluto a lo que propuso en campaña presidencial, como lo demostró Brozo, el payaso tenebroso.
Los panistas hacen esfuerzos por defender lo indefendible y la única propuesta interesante que han hecho es la reducción del presupuesto destinado a los partidos políticos.
La izquierda oposicionista lo mismo demuestra que es posible conseguir un importante ahorro simplemente con que se acoten las canonjías de los funcionarios establecidas en el presupuesto federal, que se opone a los impuestos puramente para evitar que el gobierno panista tenga un respiro administrativo.
Como siempre, los extremos procalderonistas y anticalderonistas, son los que participan en la discusión con más falacias que verdaderas propuestas, con más acusaciones interesadas que verdaderos argumentos.
En este mar de discusiones, donde los propios poderes fácticos mediáticos administran la discusión y conducen el debate, el ciudadano común se pierde en otorgarle razones parciales a los que opinan.
¿Quienes tienen la razón? ¿La izquierda o la derecha, los calderonistas o amloistas?
Sin duda ninguno de ellos posee la razón completa pero algo de sus argumentos son atendibles.
Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que bastaría reducir sueldos a la alta burocracia y eliminar prebendas a la misma para conseguir un importante ahorro presupuestal. Tiene la razón.
La reducción de los cuantiosos recursos públicos destinados a los partidos políticos también es una propuesta razonable por parte de los panistas. Es insultante la suma de recursos que los órganos electorales federal y locales proporcionan a los partidos políticos, ya sea por financiamiento de campaña u ordinario.
Pero es difícil que estas propuestas prosperen en la cámara de diputados.
Los mexicanos padecemos de una de las peores economías del mundo. Cualquier país centroamericano crece de manera más estable que México. Pero nuestra economía es el resultado de un sistema político que se ha edificado en base a las canonjías.
Bastaría con analizar una por una de las instituciones sobre la que se basa nuestro sistema político mexicano para comprobar este aserto.
La presidencia de la república tradicionalmente se ha excedido en gastos, incluso en tiempos panistas.
Los partidos políticos se han otorgado un insultante financiamiento.
Nuestras cámaras legislativas concentran una lista interminable de autoapoyos a sus propios integrantes que como hacedores de leyes resultan improductivos y deficientes, por decir lo menos.
Las instituciones electorales ejercen grandes presupuestos porque la desconfianza de los partidos a los procesos encarece las elecciones.
En los órganos encargados de impartir justicia se pagan salarios que no corresponden con los resultados de tales instancias.
Los empresarios exitosos son aquellos que menos impuestos pagan pero que más favores reciben de los diversos gobiernos, independientemente del color partidista que tengan.
Nuestros grandes sindicatos son profundamente corruptos, corporativos y asociados a intereses políticos que les garantizan la defensa de sus cotos.
A los monopolios electrónicos no les bastan sus cuantiosos ingresos y ahora van por los recursos públicos.
Y debajo de toda esta pirámide esta el ciudadano común, el que paga impuestos y escucha a la clase política desgarrarse las vestiduras en defensa de la “economía popular”, cuando son ellos los responsables de la desgarradora situación nacional.
Las dificultades de nuestra economía parten de problema sistémico.
El sistema político mexicano está construido sobre bases corruptas de prebendas y canonjías y ninguna institución nacional se salva de esta realidad ¿habrá manera de cambiar los soportes de nuestro régimen? El ciudadano común tiene la palabra.

La experiencia de las alianzas en Chiapas (II y última)

Enrique Alfaro / Columna Rumando

Sostenía que la alianza encabezada por Pablo Salazar en la que sumó una gran cantidad de franquicias partidarias ahora inexistentes, garantizó el triunfo del senador pero finalmente los aliados terminaron agarrados de la greña.
El resultado electoral de la “Alianza por Chiapas” fue óptimo. Los votos perredistas y panistas se potenciaron de manera suficiente como para superar a la maquinaria priísta. El triunfo pablista, inmediatamente después del foxista se antojaba el principio del fin del priísmo en el sureste, del “sindicato de gobernadores del sur”, como decía Pablo.
Evidentemente, el problema no fue el resultado electoral sino el gobierno que resultó. Es ahí donde está el principal problema de las alianzas de fuerzas disímbolas en lo ideológico.
Pablo Salazar inmediatamente después de su triunfo se declaró cómodamente sin partido. Dijo gobernar con todos los institutos políticos pero en los hechos se entrometió en la vida interna de todos ellos.
Los funcionarios perredistas que por estatuto debía de entregar una parte de sus sueldos a su partido se negaron a cotizar bajo el argumento de que no representaban una cuota partidista sino que habían sido nombrados por su cercanía con el gobernador electo o por su “capacidad reconocida”.
Durante todo el sexenio se negaron a cumplir administrativamente con su partido pero operaron para servir a palacio. Los perredistas en el gobierno pablista no sirvieron a su partido. Por el contrario, operaron dentro de su partido para los intereses del gobernador aunque estos fueran contrarios al avance perredista.
El gobierno de Salazar Mendiguchía sólo hizo “plural” la ingerencia de palacio en los partidos políticos. Al final del sexenio, los panistas, dolidos y traicionados, terminaron por apoyar al candidato priísta que estuvo muy cerca de triunfar.
Para los panistas y perredistas oaxaqueños e hidalguenses debe quedar muy claro que el principal problema de una alianza electoral entre ellos para superar al PRI es el gobierno que finalmente resulte. Los gobiernos “plurales” son una falacia que sólo permite a los gobernante entrometerse en la vida interna de los partidos que se suponen integran esos gobiernos.

Retrato de soñadores

Enrique Alfaro / Columna Rumando

Posar a la sombra del héroe civil es una ceremonia que les acerca al sueño recurrente que les ha caracterizado. Para el más viejo, talvez el más fornido, es un sueño pasado, cumplido, que puede añorar. Para el más joven es casi una pesadilla que le persigue, que lo acosa, una obsesión patológica que lo obliga a mostrarse, a sobreexponerse. Para el más alto, hombre maduro que confiaba en su hermano para cumplir su ilusión, ahora es casi un espejismo. Entre ellos, una mujer les disputa la quimera que ha ido construyendo en forma ascendente. Sólo uno, joven pese a sus abundantes canas, está inmerso en el ensueño que los demás codician o evocan. Sabines gobierna Chiapas, mientras los demás, la mayoría, fantasean con ver realizados sus sueños.
Al pie de la estatua del doctor Belisario Domínguez, posan para la cámara el exgobernador Absalón Castellanos Domínguez —que junto con el general Alpuche Pinzón representó la última cuota de poder que el sistema le dio al ejército mexicano—, los senadores Manuel Velasco —imberbe chamaco que aún se da trompicones—, Rubén Velazquez —que vive en la grisura de su espejismo­—, María Elena Orantes­ —soportando sus penas estoicamente y, por supuesto, quien encabeza la ceremonia conmemorativa del 96 aniversario luctuoso del héroe civil chiapaneco, el gobernador Juan José Sabines Guerrero.

* Los distintos tonos de los gobernadores del sur

Enrique alfaro / Columna Rumando

Fieles a sus estilos, los gobernadores integrantes del frente común contra el recorte presupuestal del Programa de Sur, se manifestaron ayer en tonos distintos, calculados, conocedores del impacto que sus actitudes y declaraciones provocarían en los medios de comunicación, entre la clase política, en las propias oficinas de Los Pinos.
Desde antes del evento efectuado en un conocido hotel de la Ciudad de México, los mandatarios estatales de Chiapas, Oaxaca y Guerrero dejaron sentir su presencia política.
El gobernador perredista Zeferino Torreblanca, aprovechó una entrevista que le efectuó el diario La Jornada de Guerrero para adelantar el anuncio de que el pasado martes se reunirían con los legisladores de sus estados para solicitarles que defiendan los recursos del Programa del Sur.
La convocatoria final fue superior a lo previsto por el ejecutivo de Guerrero pues asistieron diputados federales del Tabasco, Zacatecas, Morelos y San Luis Potosí.
Por su parte Ulises Ruiz de Oaxaca, no acudió a la primera reunión priísta de dirigentes, legisladores y gobernadores, realizada en días pasados, para analizar el paquete económico 2010. Sin embargo, luego de hacer el vacío se cuidó de declarar este martes que la fracción parlamentaria de su partido analizará “cuidadosamente” el paquete fiscal enviado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, a fin de “no afectar la economía de las clases populares”.
Por su parte, Juan José Sabines Guerrero asistió el lunes a Los Pinos a la presentación del Informe de Desarrollo Humano 2009, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde permaneció sentado al lado del mandatario federal que se mostró atento a los comentarios del gobernador chiapaneco.
Al salir de la reunión, Sabines expresó que “en tanto se trate de invertir más recursos en el combate a la pobreza y específicamente de atender los índices de desarrollo humano, apoya el impuesto al 2 por ciento al consumo propuesto por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa”.
Empero en la reunión del este martes, en presencia de diputados federales del PRI, PAN, PRD, PT, Convergencia y Verde Ecologista, los gobernadores se mostraron en el tono que les identifica políticamente.
Zeferino Torreblanca con acento acomedido solicitó “apoyar el Programa del Sur con visión de largo plazo y no pulverizar los recursos” y sus críticas a la “reinvención cada seis años de estas entidades” sonó más una autocrítica a la clase política local que a la federación.
Torreblanca finalmente le dio la razón al presidente Calderón “cuando señala que quieren más recursos los estados pero no se pueden inventar” y de plano remató: “si los militantes del Partido de la Revolución Democrática no quieren este impuesto están contra la política, ya que no es lo mismo ser legislador que gobernador".
Por su parte, Juan Sabines, acompañado por el diputado perredista César Antonio Chávez Castillo, sostuvo que "entendemos que han bajado los ingresos como consecuencia de la reducción del precio del petróleo y del envío de las remesas por parte de los connacionales o estaremos condenando a millones de mexicanos a la extrema pobreza".
Y concediendo al presidente afirmó que “nadie puede dar por muerto el impuesto generalizado de dos por ciento al consumo”, al tiempo que reprochó que el manejo de los recursos sea exclusivamente federal cuando podría ser de los tres órdenes de gobierno.
Finalmente, quién aprovechó tribuna para mostrarse agresivo con la federación fue el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quién aseveró que a nadie le gusta pagar impuestos por lo que se debe buscar alternativas y remató: “se ve muy demagógico las expresiones del combate a la pobreza que está haciendo tanto el Presidente Calderón como el secretario de Desarrollo Social”.
El mandatario oaxaqueño insistió en que los recursos económicos, se pueden aplicar de una mejor manera a mismas zonas de pobreza, y no de la manera como lo aplica Sedesol, “que es con un criterio eminentemente electoral y demagógico”.
Así transcurrió la reunión de los gobernadores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que aprovecharon la tribuna para declarar y reposicionarse de cara a la discusión del paquete financiero impulsado por Felipe Calderón y criticado por sus partidos.

La experiencia de las alianzas chiapanecas (1)

Enrique Alfaro / Columna Rumando

Al abogado Gabriel Soberano Velasco
con motivo de su cumpleaños

Ahora que se discute en Oaxaca e Hidalgo la posibilidad de concretar alianzas entre los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, convendría compartir la experiencia chiapaneca.
Como en ninguna entidad, en Chiapas se han experimentado las alianzas más diversas entre iguales y antípodas, entre institutos político-electorales y movimientos armados, entre movimientos civiles y franquicias partidistas.
En 1994 el Partido de la Revolución Democrática se alió con la guerrilla zapatista y con amplio movimiento social y civil. Amado Avendaño, postulado por el PRD, encabezó una amplia movilización de organizaciones campesinas aglutinadas en la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco que servían de blindaje al movimiento armado y evitaba fuera aislado y exterminado por el ejército mexicano.
Cientos de organizaciones no gubernamentales también se cohesionaban alrededor del movimiento zapatista y, por lo tanto, igualmente con la candidatura del prestigiado periodista.
A este amplio movimiento lo enlazaban varias características:
a) La amplia simpatía con el zapatismo y su líder carismático.
b) Su identificación ideológica definida en la izquierda.
c) Su profundo antipriísmo y desprecio por el “sistema político mexicano”
También existían profundas divergencias en esta amplia alianza:
a) Mientras los partidos deseaban cosechar votos del movimiento de simpatía prozapatistas y de esa manera concretar triunfos que le permitieran escalar posiciones de poder para transformar institucionalmente la realidad nacional desde el sureste,
b) El EZLN y muchas otras organizaciones radicalizadas deseaban profundizar las crisis del sistema político mexicano para dar paso a una revolución social que derribara las instituciones entonces existentes, entre ellas los propios partidos políticos.
Finalmente estas contradicciones hicieron crisis en la alianza del PRD-EZLN-Movimiento social y, pasado el proceso electoral fraudulento, se separaron entre acusaciones de intentos de negociar el “triunfo” de Amado Avendaño.
La siguiente amplia alianza la habría de encabezar el senador Pablo Salazar Mendiguchía, que encabezaba un movimiento civil denominado “De la esperanza” y que con un fuerte discurso antipriísta consiguió construir su postulación por el PRD y el PAN, que reconocían en el liderazgo salazarista la posibilidad de acabar con la hegemonía priísta en el estado. A esta alianza se le sumó las franquicias del los partidos Sociedad Nacionalista, del Trabajo, Centro Democrático, Verde Ecologista de México, Alianza Social y algún otro que se me escapa, pero que compartían la condición de partidos inexistentes (exceptuando un poco al PT).
En esta alianza se unieron tirios y troyanos, priístas y antipriístas, progresistas y conservadores, en una “emulsión” que se mezcló momentáneamente y que posteriormente dio como resultado una inconformidad general de los antiguos aliados. Sobre las consecuencias de esta segunda alianza hablaremos en la próxima entrega.

Sabines en frente común de gobernadores del Sur

Enrique Alfaro / Columna Rumando

En tanto los partidos políticos se organizan para garantizar más recursos a sus gobernadores, los ejecutivos de los estado más pobres del país se cohesionan para enfrentar la reducción presupuestal, independientemente de su filiación política.
En plena guerra fiscal, los gobernadores Juan José Sabines Guerrero, de Chiapas; Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca y Zeferino Torreblanca Galindo, de Guerrero, se han unido en un frente común junto con los legisladores federales y principales alcaldes de sus respectivas entidades.
Este martes los mandatarios presentarán el proyecto conjunto de desarrollo regional ante el Congreso de la Unión en la búsqueda de obtener más recursos de la Federación o al menos evitar que les recorten el presupuesto para el año próximo.
Para el mandatario de Guerrero “la pretensión es que el fondo regional (Fonregión) se dé en las mismas condiciones del año pasado, cuando fue de 2 mil 500 millones de pesos para los tres estados.
“Preocupa que en una primera etapa el fondo para las tres entidades se haya reducido 50 por ciento. Quisiéramos que al menos quedara igual”, sostuvo Torreblanca Galindo.
Por su parte, el gobernador de Oaxaca coincidió en el esfuerzo por conseguir un mayor presupuesto para el ejercicio próximo.
“Los mandatarios estatales acordamos las acciones que se seguirán realizando en el marco de esta estrategia que busca impulsar el desarrollo integral de las tres entidades ubicadas en el Sureste mexicano y sumar esfuerzos para ir en un sólo bloque y pugnar más recursos a la Cámara de Diputados, a fin de de detonar el progreso social en esta franja del país”, sostuvo el gobierno de Ulises Ruiz.
Se espera que Juan José Sabines Guerrero sume a este esfuerzo de gestión y negociación en bloque el reclamo de los alcaldes encabezados por el dirigente de la Asociación Nacional de Gobiernos Locales, Jaime Valls Esponda, actual presidente municipal de la capital de Chiapas.
En una segunda etapa en pro de ampliar o sostener el presupuesto para los estados mencionados, se prevé una mayor participación de los ediles, que podrían ver mermados gravemente sus participaciones federales quedando en peligro su capacidad para operar regularmente.

¿Interlocución parlamentaria?

Juan Sabines, Francisco y Carlos Rojas

Enrique Alfaro / Columna Rumando

La reciente reunión de los gobernadores Juan José Sabines Guerrero, de Chiapas; Ulises Ruiz Ortis, de Oaxaca y Zeferino Torreblanca Galindo, de Guerrero, con el ex legislador federal Carlos Rojas Gutiérrez obligaba a una lectura política que pasó desapercibida para los periodistas locales.
El ex legislador priísta fue integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y en esa condición participó en la presentación del Programa del Sur, esquema que le permitió coordinar los esfuerzos de los estados durante su periodo legislativo.
Sin embargo, actualmente no se le conoce representatividad oficial que le permita mantenerse como tal. Evidentemente su actual capacidad de convocatoria e intervención en asuntos públicos oficiales le viene por una cuestión filial.
Carlos es hermano de José Francisco Rojas Gutiérrez, actual coordinador del poderosos grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la cámara de diputado, condición que le otorga un coto de poder inmenso en decisiones tan importantes como la distribución del presupuesto federal del próximo año.
Evidentemente Carlos se ha convertido en un importante operador de su hermano, por lo que mantiene una cultivada relación con los gobernadores del sur, independientemente de origen partidista de ellos.
Por su parte los gobernadores buscan a través de él una interlocución directa con quién maneja los hilos del congreso federal, instancia a donde se ha trasladado el poder perdido por el ejecutivo panista en la pasada elección legislativa.
Mucho se analizado sobre la relevancia que cobra la representación priísta en las cámaras legislativas tras la derrota del partido en el poder que vio mermada su representatividad parlamentaria pese a que Felipe Calderón mantuvo y mantiene un índice de aprobación positivo.
El poder acumulado por Francisco Rojas Gutiérrez le permite a su hermano Carlos mantener una vigencia política importante y ser un conducto directo entre quién guarda el control del congreso federal y los interesados en las decisiones que ahí se toman y que repercuten en toda la geografía nacional.
Los gobernadores no pueden resistir una interlocución de tal naturaleza, por lo que abren puertas con quienes tienen en sus manos decisiones fundamentales para sus entidades federativas.
Además Francisco Rojas hace una dupla con el ex presidente del Senado, Manlio Favio Beltrones, de quién fue secretario particular. Así Sabines fortalece sus contactos con Beltrones al acercarse a los Rojas sin depender del diputado Sami David David, que por su condición de precandidato a la gubernatura tiene interés en la sucesión estatal.
Otra lectura sería la del “futurismo político” pues los grupos de gobernadores se reacomodan en función de la próxima sucesión presidencial, donde los Rojas Gutiérrez juegan un papel primordial por su cercanía con el poderoso ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero esa es otra historia…