Dos eventos públicos protagonizados por gobernadores de los estados han destacado en la presente semana, sin que hayan sido convocados por la Conferencia Nacional de Gobernadores. Dos polos contrarios en la visión social de sus doctrinas.
El pasado martes 29 de septiembre los mandatarios de los entidades con mayor índices de marginación se reunieron para analizar los “avances del Programa del Sur” en materia de desarrollo social y combate a la pobreza. Los gobernadores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, analizaron el cumplimiento de objetivos en la búsqueda del desarrollo regional con base en el programa de fondos públicos Fonregión.
Por su parte, el día de ayer los gobernadores panistas de Jalisco, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Aguascalientes y Sonora, estados con reconocido desarrollo industrial, ofrecieron una conferencia en la sede nacional panista para anunciar un programa de austeridad que comprende reducción de la estructura administrativa y congelamiento de salarios y prestaciones para la burocracia.
Los gobernadores del sur, independientemente de su origen partidista, coinciden en la necesidad de que sus economías estatales sean reactivadas con recursos públicos e inversiones privadas destinadas principalmente a la promoción del desarrollo social y el combate a la marginación extrema.
La falta de industrialización de estos estados ha permitido que la crisis económica no impacte de manera grave en los niveles de desempleo, de por si graves en toda la república, pero ha afectado considerablemente en el otorgamiento de recursos federales.
Por el contrario, los gobiernos panistas antes mencionados gozan de un presupuesto público más holgado, pero sufren el quebranto de su estructura industrial. Sin embargo, el anuncio de los mandatarios panista padece de un mal de origen: Se da luego de que se ha difundido ampliamente que durante los dos últimos gobiernos panistas en la presidencia de la república la burocracia ha crecido de manera grosera y desmesurada lo que ha repercutido en el crecimiento de más de un 70 por ciento del gasto corriente, precisamente destinado a sueldos y prestaciones injustificadas.
De esta manera pierde sustento la declaración de los mandatarios blanquiazules pues han sido sus gobiernos federales quienes han sido ejemplo de despilfarro y obesidad burocrática.
La diferencia fundamental en el uso y destino de los recursos públicos prevalece en estos polos ideológicos, pero la realidad obliga a considerar de manera diferenciada los montos autorizados por la federación para cada uno de los estados. Chiapas necesita mayor inversión pública federal para fortalecer su infraestructura de comunicaciones, educativa, para el desarrollo de la productividad y la atención a la salud de su población marginada.
Como ha dicho el gobernador Sabines, la inversión en nuestra entidad es necesaria para obras de impacto a la pobreza, como abastecer de agua potable, drenaje, saneamiento o programas sociales, educativos y de salud. Además la federación nunca debe olvidar somos la frontera sur que enfrenta una histórica problemática de desorden en el tránsito de personas, mercancías y actividades ilícitas, cuestiones de suma importancia para la seguridad nacional.
