Enrique Alfaro / Columna Rumando
Aún cuando el análisis fue estrictamente de legalidad constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reparó en algunas de las consecuencias políticas de la reforma chiapaneca que recientemente fue invalidada.
El ministro Franco González Salas sostuvo que la reforma planteaba la sustitución de la voluntad popular no sólo porque del congreso local designaría los próximos gobiernos municipales sino además porque le daría la misma composición partidista aún cuando los electores pudieran haber quedado inconformes con el actuar político de los actuales ayuntamientos.
En otras palabras, se sostuvo que las elecciones sirven para modificar los equilibrios políticos y recomponer las fuerzas partidistas a voluntad del electorado y que la reforma sostenía y alargaba de manera artificial la representación de los partidos en los ayuntamientos, sin considerar que los votantes pudieran castigar una mala administración y premiar a colores partidistas contrarios a los actuales.
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En el caso de la reforma anterior propuesta y aprobada por todos los partidos, la cuestión era más grave porque un congreso reelecto, y por lo mismo deslegitimado, debía designar a los concejos municipales que resultarían igualmente deslegitimados.
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Al mandatarse la celebración de elecciones municipales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza —además del apego constitucional— el que las autoridades resultantes posean la legitimidad del voto y se respete la nueva correlación de fuerza que decida el ánimo ciudadano.
El fallo de la SCJN asegura también que la composición de las nuevas autoridades municipales no sea resultado del pacto entre partidos, sino fruto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
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Las burocracias partidistas que acariciaban la posibilidad de llegar a los gobiernos municipales sin pasar el filtro del voto ciudadano se han desilusionado con el fallo de la SCJN, pues los partidos se verán obligados a lanzar candidatos que garanticen la adhesión popular para conseguir triunfos.
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Quienes aspiran a suceder a Juan José Sabines Guerrero podrán ahora impulsar por la vía de las candidaturas municipales y distritales a sus alfiles. Como es tradicional en la política mexicana, al interior de los partidos se recrean grupos políticos que se fortalecen o debilitan en las elecciones. La actividad de estas corrientes políticas normalmente se da alrededor de un liderazgo que destaca en la política y busca consolidar su poder. Hoy son muy visibles las cabezas de grupo que buscan la candidatura a la gubernatura del estado de sus respectivos partidos.
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El gobierno de Juan José Sabines Guerrero tomó las previsiones necesarias para que las autoridades administrativas cuenten con los recursos suficientes para organizar no sólo la elección de diputados locales sino también la de planillas municipales. Las autoridades electorales tenían conocimiento que en cualquier escenario que resolviera la SCJN contarían con los recursos que le garantizaría el titular del poder ejecutivo en el estado.
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Desde el 20 de octubre del año pasado, el gobernador del estado Juan Sabines manifestó en una gira por la ciudad de Tapachula que en Chiapas se acataría lo que resolviera el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las reformas en comento. Hoy se cumple su palabra.
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Ojalá y la actual legislatura rescate de la reforma propuesta por el ejecutivo lo relacionado con la equidad de género y mantenga muchos aspectos de avanzada que se establecían en ella al acotar prebendas a los partidos políticos.
Aún cuando el análisis fue estrictamente de legalidad constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reparó en algunas de las consecuencias políticas de la reforma chiapaneca que recientemente fue invalidada.
El ministro Franco González Salas sostuvo que la reforma planteaba la sustitución de la voluntad popular no sólo porque del congreso local designaría los próximos gobiernos municipales sino además porque le daría la misma composición partidista aún cuando los electores pudieran haber quedado inconformes con el actuar político de los actuales ayuntamientos.
En otras palabras, se sostuvo que las elecciones sirven para modificar los equilibrios políticos y recomponer las fuerzas partidistas a voluntad del electorado y que la reforma sostenía y alargaba de manera artificial la representación de los partidos en los ayuntamientos, sin considerar que los votantes pudieran castigar una mala administración y premiar a colores partidistas contrarios a los actuales.
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En el caso de la reforma anterior propuesta y aprobada por todos los partidos, la cuestión era más grave porque un congreso reelecto, y por lo mismo deslegitimado, debía designar a los concejos municipales que resultarían igualmente deslegitimados.
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Al mandatarse la celebración de elecciones municipales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza —además del apego constitucional— el que las autoridades resultantes posean la legitimidad del voto y se respete la nueva correlación de fuerza que decida el ánimo ciudadano.
El fallo de la SCJN asegura también que la composición de las nuevas autoridades municipales no sea resultado del pacto entre partidos, sino fruto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
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Las burocracias partidistas que acariciaban la posibilidad de llegar a los gobiernos municipales sin pasar el filtro del voto ciudadano se han desilusionado con el fallo de la SCJN, pues los partidos se verán obligados a lanzar candidatos que garanticen la adhesión popular para conseguir triunfos.
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Quienes aspiran a suceder a Juan José Sabines Guerrero podrán ahora impulsar por la vía de las candidaturas municipales y distritales a sus alfiles. Como es tradicional en la política mexicana, al interior de los partidos se recrean grupos políticos que se fortalecen o debilitan en las elecciones. La actividad de estas corrientes políticas normalmente se da alrededor de un liderazgo que destaca en la política y busca consolidar su poder. Hoy son muy visibles las cabezas de grupo que buscan la candidatura a la gubernatura del estado de sus respectivos partidos.
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El gobierno de Juan José Sabines Guerrero tomó las previsiones necesarias para que las autoridades administrativas cuenten con los recursos suficientes para organizar no sólo la elección de diputados locales sino también la de planillas municipales. Las autoridades electorales tenían conocimiento que en cualquier escenario que resolviera la SCJN contarían con los recursos que le garantizaría el titular del poder ejecutivo en el estado.
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Desde el 20 de octubre del año pasado, el gobernador del estado Juan Sabines manifestó en una gira por la ciudad de Tapachula que en Chiapas se acataría lo que resolviera el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las reformas en comento. Hoy se cumple su palabra.
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Ojalá y la actual legislatura rescate de la reforma propuesta por el ejecutivo lo relacionado con la equidad de género y mantenga muchos aspectos de avanzada que se establecían en ella al acotar prebendas a los partidos políticos.
