Enrique Alfaro / Columna Rumando
Mientras en la intelectualidad del país crece el consenso a favor de mecanismos constitucionales que permitan al país salir de la parálisis en que se encuentra debido al profundo disenso de las fuerzas políticas nacionales, en Chiapas se está en posibilidades de dar pasos importantes a favor de la equidad de género, jóvenes y de personas con capacidades diferentes, que podrían impulsar un nuevo fisonomía política en Chiapas.
Las recientes propuestas de modificaciones electorales efectuadas por el congreso local y posteriormente por el gobernador del estado, Juan José Sabines Guerrero, son coincidentes en lo que respecta al empoderamiento de sectores tradicionalmente marginados en la política.
Al respecto no he conocido de una sola crítica pública razonable de lo impulsado por ambas reformas, sino específicamente por el procedimiento que establece la cancelación de elecciones. Todas las impugnaciones hechas a ambas reformas se inconforman con la posibilidad de suspender votaciones constitucionales.
Es del conocimiento público que la Procuraduría General de la República, a través de su dirección general de constitucionalidad, manifestó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su oposición a la más reciente reforma constitucional local en comento.
La máxima instancia jurisdiccional del país, último intérprete de la Constitución de la República, deberá de resolver de manera pronta sobre el caso y de atenerse a la jurisprudencia creada por ella misma, por lo que los especialistas prevén que se resuelva a favor de la celebración de elecciones para la renovación de los 118 gobiernos municipales.
De concluirse lo anterior, el fallo podría ser interpretado de manera interesada como un rechazo general a la reforma propuesta, en el propósito de regresar a los términos anteriores de la legislación electoral, lo que sería un retroceso en la lucha a favor de causas progresistas.
Las agrupaciones femeniles y juveniles, las asociaciones a favor de personas con capacidades diferentes y los representantes de ellos en las direcciones nacional y estatal de los partidos políticos deben de estar atentos a defender los aspectos de avanzada que contiene la reforma propuesta por el mandatario estatal.
Es decir, independientemente de la suerte que corra la reforma en lo que concierte a la celebración de elecciones, debe de defenderse los avances de la misma para que se sostengan de manera permanente en la legislación electoral.
Si la actual legislatura ha aprobado en dos ocasiones modificaciones legales en apoyos de las causas de mujeres, jóvenes y discapacitados, sería congruente que resuelva mantener en las leyes estos avances.
Finalmente, luego de lo que resuelva la SCJN, corresponderá a esta instancia dejar en firme los términos de la legislación electoral con que se competirá en la próxima jornada electoral en Chiapas. Recordemos que ningún partido se ha manifestado en contra del sentido de estas propuestas.
Lo mejor que podría sucederle al congreso local y al poder ejecutivo estatal es que prevalezcan estas propuestas en la legislación chiapaneca de frente a la discusión nacional sobre la parálisis improductiva de nuestra democracia, que no conduce a la nación a ningún puerto.
Los chiapanecos podemos sacar provecho de las circunstancias en que se encuentran las reformas constitucionales locales, que habrán ser juzgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si mantenemos el impulso de gobernantes, legisladores, partidos y ciudadanos a favor de que prevalezcan los avances contenidos en ella, incluido el propósito de ahorrar reduciendo las campañas y el financiamiento público.
El país entero podría voltear a ver el esfuerzo político que desde Chiapas se hace a favor de mover a este país a niveles de mayor equidad y justicia social. Es tiempo de que los grupos favorecidos por estas reformas se manifiesten a favor de que prevalezca su espíritu progresista. Los pretendientes de la gubernatura mucho podrían hacer desde sus propias tribunas.
