En tanto los partidos políticos se organizan para garantizar más recursos a su
s gobernadores, los ejecutivos de los estado más pobres del país se cohesionan para enfrentar la reducción presupuestal, independientemente de su filiación política.En plena guerra fiscal, los gobernadores Juan José Sabines Guerrero, de Chiapas; Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca y Zeferino Torreblanca Galindo, de Guerrero, se han unido en un frente común junto con los legisladores federales y principales alcaldes de sus respectivas entidades.
Este martes los mandatarios presentarán el proyecto conjunto de desarrollo regional ante el Congreso de la Unión en la búsqueda de obtener más recursos de la Federación o al menos evitar que les recorten el presupuesto para el año próximo.
Para el mandatario de Guerrero “la pretensión es que el fondo regional (Fonregión) se dé en las mismas condiciones del año pasado, cuando fue de 2 mil 500 millones de pesos para los tres estados.
“Preocupa que en una primera etapa el fondo para las tres entidades se haya reducido 50 por ciento. Quisiéramos que al menos quedara igual”, sostuvo Torreblanca Galindo.
Por su parte, el gobernador de Oaxaca coincidió en el esfuerzo por conseguir un mayor presupuesto para el ejercicio próximo.
“Los mandatarios estatales acordamos las acciones que se seguirán realizando en el marco de esta estrategia que busca impulsar el desarrollo integral de las tres entidades ubicadas en el Sureste mexicano y sumar esfuerzos para ir en un sólo bloque y pugnar más recursos a la Cámara de Diputados, a fin de de detonar el progreso social en esta franja del país”, sostuvo el gobierno de Ulises Ruiz.
Se espera que Juan José Sabines Guerrero sume a este esfuerzo de gestión y negociación en bloque el reclamo de los alcaldes encabezados por el dirigente de la Asociación Nacional de Gobiernos Locales, Jaime Valls Esponda, actual presidente municipal de la capital de Chiapas.
En una segunda etapa en pro de ampliar o sostener el presupuesto para los estados mencionados, se prevé una mayor participación de los ediles, que podrían ver mermados gravemente sus participaciones federales quedando en peligro su capacidad para operar regularmente.
