Enrique Alfaro/Rumando
El equipo cercano de operadores políticos del gobernador Juan José Sabines Guerrero se encuentran muy activo en las últimas semanas. Los más comprometidos con la gobernabilidad necesaria para arribar a buen puerto al proyecto sabinista se encuentran “tejiendo fino” con los actores políticos, sociales y religiosos. La política de distensión previa al tercer informe de gobierno del mandatario del estado es ya evidente y palpable.
Sabedores que en ellos descansa la estabilidad política con la que se llegue a tan simbólica fecha de gobierno, se encuentran abocados a la revisión de compromisos y a su cumplimiento definitivo posible.
La secretaría política del gobierno sabinista está exponiendo su capacidad para atender problemas álgidos con actores tan importantes como la iglesia y los movimientos sociales que en Chiapas tradicionalmente han tenido una importancia toral.
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La reciente liberación del líder agrario, José María Hernández Martínez, histórico dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata, permite no sólo el establecimiento de una mesa de diálogo para resolver demandas penales, agrarias y de proyectos productivos con los campiranos, sino también para devolver las oficinas que la Organización de las Naciones Unidas mantiene en los Altos de Chiapas.
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Luego de una serie de delicados malentendidos con la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador del estado tomó “el toro por los cuernos” y se reunió con el obispo Felipe Arizmendi Esquivel. De esta manera se hizo el compromiso de resolver “percepciones equivocadas”, “malas interpretaciones”, “distorsiones” e incluso “intrigas” entre ambas instituciones.
En la reunión con el prelado se incluyó la posibilidad de que Sabines Guerrero se reúna con el párroco de Carranza, Jesús Landín, para despejar versiones tergiversadas, esto luego de que se hicieran acusaciones al sacerdote de alentar alzamientos.
De esta manera se diluye el fantasma de acciones guerrilleras en el estado con motivo del 2010, fecha del centenario de la revolución mexicana y bicentenario de la independencia de México.
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Es previsible también que concluyan los conflictos sociales generados por la explotación minera en la entidad, luego de que se concluyera en un foro que es necesaria una legislación que subsane los efectos negativos de esta actividad aún cuando el gobierno del estado se comprometió a no apoyar nuevas exploraciones a pesar de que no es competencia estatal, sino federal, cuestión que fue bien vista por la iglesia.
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El convenio firmado por el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad para condonar la millonaria deuda de 40 municipios que arrastran desde 1994, a la par abonará a favor de un mejor clima social.
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Igualmente, la solicitud del congreso local al titular del poder ejecutivo estatal de que atienda, en el ámbito de su competencia, las peticiones de las juntas de buen gobierno instauradas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, resultan un guiño oportuno al zapatismo. Cuando menos pone a discusión la viabilidad o no del reconocimiento jurídico de estas instancias que podrían, en fechas próximas, ser favorecidas con la atención del gobierno sabinista.
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Todo lo anterior, además de las recientes propuestas, en favor de la equidad de género y de los jóvenes, inmersas en la contra reforma electoral propuesta al congreso del estado, deben de pesar positivamente en el ánimo de los representantes de la ONU en Chiapas y en nuestro país.
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Sin embargo, la suerte de la contra reforma referida esta aún en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguramente se esperará el fallo para realizar posteriormente el tercer informe de gobierno en el que podría darse respuesta a los que resuelva esta instancia inapelable.
Lo cierto es que el presupuesto finalmente asignado a la entidad por el Congreso Federal resuelve en parte la urgencia de recursos para atender las demandas más urgentes de los chiapanecos, motivo con el que se justificó la reforma y contra reforma a la constitución local.
Aún efectuándose elecciones para alcaldías y diputaciones, de la contra reforma sabinista es posible rescatar interesantes propuestas de ahorro con la reducción del tiempo de campaña y de los recursos para la misma, lo que finalmente cumpliría el propósito de Sabines Guerrero de hacer economías en materia electoral para destinarlas a los chiapanecos más marginados. Pero todo depende de lo que resuelva la corte a propuesta del ministro chiapaneco Sergio Valls.
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Por su parte, la primera gran tarea que enfrentará el joven responsable de la comunicación social del gobierno del estado, Jaime Culebro, será la cobertura al tercer informe de gobierno de Juan José Sabines Guerrero, en un escenario político en el que el presidente de la república se encuentra en pleno declive —declarando que el país se nos puede ir de las manos— y los gobernadores de las entidades fortalecidos ante el propio ejecutivo y congreso federales.
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Otro elemento a considerar en la operación política del equipo sabinista es la importancia de la respuesta que de al informe el diputado priísta, Jorge Enrique Hernández Bielma, ahora que los legisladores y la dirección estatal tricolor se encuentran “bajo la lupa” de su líder nacional, Beatriz Paredes Rangel. El PRI se encuentra en su mejor momento político nacional y eso seguramente se manifestará en el posicionamiento priísta de cara al informe de Juan José Sabines Guerrero y a las próximas elecciones locales.
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Son tiempos de intensa operación política, en momentos en que se prevén próximos cambios y reacomodos en el gabinete. Algunos iniciadores del proyecto sabinista podrían regresar a ocupar espacios importantes. El informe a la mitad del camino podría revelar sorpresas.
El equipo cercano de operadores políticos del gobernador Juan José Sabines Guerrero se encuentran muy activo en las últimas semanas. Los más comprometidos con la gobernabilidad necesaria para arribar a buen puerto al proyecto sabinista se encuentran “tejiendo fino” con los actores políticos, sociales y religiosos. La política de distensión previa al tercer informe de gobierno del mandatario del estado es ya evidente y palpable.
Sabedores que en ellos descansa la estabilidad política con la que se llegue a tan simbólica fecha de gobierno, se encuentran abocados a la revisión de compromisos y a su cumplimiento definitivo posible.
La secretaría política del gobierno sabinista está exponiendo su capacidad para atender problemas álgidos con actores tan importantes como la iglesia y los movimientos sociales que en Chiapas tradicionalmente han tenido una importancia toral.
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La reciente liberación del líder agrario, José María Hernández Martínez, histórico dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata, permite no sólo el establecimiento de una mesa de diálogo para resolver demandas penales, agrarias y de proyectos productivos con los campiranos, sino también para devolver las oficinas que la Organización de las Naciones Unidas mantiene en los Altos de Chiapas.
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Luego de una serie de delicados malentendidos con la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador del estado tomó “el toro por los cuernos” y se reunió con el obispo Felipe Arizmendi Esquivel. De esta manera se hizo el compromiso de resolver “percepciones equivocadas”, “malas interpretaciones”, “distorsiones” e incluso “intrigas” entre ambas instituciones.
En la reunión con el prelado se incluyó la posibilidad de que Sabines Guerrero se reúna con el párroco de Carranza, Jesús Landín, para despejar versiones tergiversadas, esto luego de que se hicieran acusaciones al sacerdote de alentar alzamientos.
De esta manera se diluye el fantasma de acciones guerrilleras en el estado con motivo del 2010, fecha del centenario de la revolución mexicana y bicentenario de la independencia de México.
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Es previsible también que concluyan los conflictos sociales generados por la explotación minera en la entidad, luego de que se concluyera en un foro que es necesaria una legislación que subsane los efectos negativos de esta actividad aún cuando el gobierno del estado se comprometió a no apoyar nuevas exploraciones a pesar de que no es competencia estatal, sino federal, cuestión que fue bien vista por la iglesia.
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El convenio firmado por el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad para condonar la millonaria deuda de 40 municipios que arrastran desde 1994, a la par abonará a favor de un mejor clima social.
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Igualmente, la solicitud del congreso local al titular del poder ejecutivo estatal de que atienda, en el ámbito de su competencia, las peticiones de las juntas de buen gobierno instauradas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, resultan un guiño oportuno al zapatismo. Cuando menos pone a discusión la viabilidad o no del reconocimiento jurídico de estas instancias que podrían, en fechas próximas, ser favorecidas con la atención del gobierno sabinista.
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Todo lo anterior, además de las recientes propuestas, en favor de la equidad de género y de los jóvenes, inmersas en la contra reforma electoral propuesta al congreso del estado, deben de pesar positivamente en el ánimo de los representantes de la ONU en Chiapas y en nuestro país.
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Sin embargo, la suerte de la contra reforma referida esta aún en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguramente se esperará el fallo para realizar posteriormente el tercer informe de gobierno en el que podría darse respuesta a los que resuelva esta instancia inapelable.
Lo cierto es que el presupuesto finalmente asignado a la entidad por el Congreso Federal resuelve en parte la urgencia de recursos para atender las demandas más urgentes de los chiapanecos, motivo con el que se justificó la reforma y contra reforma a la constitución local.
Aún efectuándose elecciones para alcaldías y diputaciones, de la contra reforma sabinista es posible rescatar interesantes propuestas de ahorro con la reducción del tiempo de campaña y de los recursos para la misma, lo que finalmente cumpliría el propósito de Sabines Guerrero de hacer economías en materia electoral para destinarlas a los chiapanecos más marginados. Pero todo depende de lo que resuelva la corte a propuesta del ministro chiapaneco Sergio Valls.
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Por su parte, la primera gran tarea que enfrentará el joven responsable de la comunicación social del gobierno del estado, Jaime Culebro, será la cobertura al tercer informe de gobierno de Juan José Sabines Guerrero, en un escenario político en el que el presidente de la república se encuentra en pleno declive —declarando que el país se nos puede ir de las manos— y los gobernadores de las entidades fortalecidos ante el propio ejecutivo y congreso federales.
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Otro elemento a considerar en la operación política del equipo sabinista es la importancia de la respuesta que de al informe el diputado priísta, Jorge Enrique Hernández Bielma, ahora que los legisladores y la dirección estatal tricolor se encuentran “bajo la lupa” de su líder nacional, Beatriz Paredes Rangel. El PRI se encuentra en su mejor momento político nacional y eso seguramente se manifestará en el posicionamiento priísta de cara al informe de Juan José Sabines Guerrero y a las próximas elecciones locales.
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Son tiempos de intensa operación política, en momentos en que se prevén próximos cambios y reacomodos en el gabinete. Algunos iniciadores del proyecto sabinista podrían regresar a ocupar espacios importantes. El informe a la mitad del camino podría revelar sorpresas.
