Para el ciudadano común resulta compleja la discusión en torno a los impuestos propuestos por el presidente Felipe Calderón y los argumentos con que la oposición priísta y de izquie
rda le rebaten la conveniencia de aplicarlos.El mandatario federal se encuentra atrapado, exhibido, pues su propuesta fiscal es contraria en absoluto a lo que propuso en campaña presidencial, como lo demostró Brozo, el payaso tenebroso.
Los panistas hacen esfuerzos por defender lo indefendible y la única propuesta interesante que han hecho es la reducción del presupuesto destinado a los partidos políticos.
La izquierda oposicionista lo mismo demuestra que es posible conseguir un importante ahorro simplemente con que se acoten las canonjías de los funcionarios establecidas en el presupuesto federal, que se opone a los impuestos puramente para evitar que el gobierno panista tenga un respiro administrativo.
Como siempre, los extremos procalderonistas y anticalderonistas, son los que participan en la discusión con más falacias que verdaderas propuestas, con más acusaciones interesadas que verdaderos argumentos.
En este mar de discusiones, donde los propios poderes fácticos mediáticos administran la discusión y conducen el debate, el ciudadano común se pierde en otorgarle razones parciales a los que opinan.
¿Quienes tienen la razón? ¿La izquierda o la derecha, los calderonistas o amloistas?
Sin duda ninguno de ellos posee la razón completa pero algo de sus argumentos son atendibles.
Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que bastaría reducir sueldos a la alta burocracia y eliminar prebendas a la misma para conseguir un importante ahorro presupuestal. Tiene la razón.
La reducción de los cuantiosos recursos públicos destinados a los partidos políticos también es una propuesta razonable por parte de los panistas. Es insultante la suma de recursos que los órganos electorales federal y locales proporcionan a los partidos políticos, ya sea por financiamiento de campaña u ordinario.
Pero es difícil que estas propuestas prosperen en la cámara de diputados.
Los mexicanos padecemos de una de las peores economías del mundo. Cualquier país centroamericano crece de manera más estable que México. Pero nuestra economía es el resultado de un sistema político que se ha edificado en base a las canonjías.
Bastaría con analizar una por una de las instituciones sobre la que se basa nuestro sistema político mexicano para comprobar este aserto.
La presidencia de la república tradicionalmente se ha excedido en gastos, incluso en tiempos panistas.
Los partidos políticos se han otorgado un insultante financiamiento.
Nuestras cámaras legislativas concentran una lista interminable de autoapoyos a sus propios integrantes que como hacedores de leyes resultan improductivos y deficientes, por decir lo menos.
Las instituciones electorales ejercen grandes presupuestos porque la desconfianza de los partidos a los procesos encarece las elecciones.
En los órganos encargados de impartir justicia se pagan salarios que no corresponden con los resultados de tales instancias.
Los empresarios exitosos son aquellos que menos impuestos pagan pero que más favores reciben de los diversos gobiernos, independientemente del color partidista que tengan.
Nuestros grandes sindicatos son profundamente corruptos, corporativos y asociados a intereses políticos que les garantizan la defensa de sus cotos.
A los monopolios electrónicos no les bastan sus cuantiosos ingresos y ahora van por los recursos públicos.
Y debajo de toda esta pirámide esta el ciudadano común, el que paga impuestos y escucha a la clase política desgarrarse las vestiduras en defensa de la “economía popular”, cuando son ellos los responsables de la desgarradora situación nacional.
Las dificultades de nuestra economía parten de problema sistémico.
El sistema político mexicano está construido sobre bases corruptas de prebendas y canonjías y ninguna institución nacional se salva de esta realidad ¿habrá manera de cambiar los soportes de nuestro régimen? El ciudadano común tiene la palabra.
