Las recientes reformas constitucionales aprobadas por el congreso local y la contrarreforma anunciada por el ejecutivo estatal tienen una motivación simple, según anuncian sus promotores: ahorrar importantes recursos financieros evitando elecciones, lo que serviría para atender demandas sociales urgentes.
Todo lo anterior pone en la mesa de discusión el costo de las elecciones en Chiapas y lo posibilidad de hacer de ellas una cuestión prescindible, aunque sea de manera coyuntural.
Sobre lo primero habría que decir que no es una particularidad de Chiapas el elevado costo de los procesos electorales, pues estudios de organizaciones internacionales no gubernamentales revelan que México es el país de América latina donde el voto es más oneroso.
Se ha calculado que el costo de cada voto mexicano es de 5.9 dólares, por encima del promedio de países como El Salvador (4.1) y Paraguay (3.7). En nuestra América hispano parlante la democracia más barata es la de Costa Rica donde cada sufragio cuesta 1.8 dólares (datos tomados de estudios de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, IFES por sus siglas en inglés).
El costo de la organización de procesos electorales en Chiapas es promedio en el contexto nacional por lo que no es posible responsabilizar a autoridades administrativas y jurisdiccionales del lo oneroso del costo de los votos en la entidad.
Luego entonces: ¿Por qué son tan caras las elecciones en Chiapas y en general en nuestro país?
Las causas son similares en ambos casos, pues son consecuencias de los mismos vicios del sistema electoral mexicano.
Partamos del hecho de que el abstencionismo en nuestra entidad ha sido tradicionalmente elevado por lo que la reducida votación depositada en las urnas tiene un costo elevado en consideración con los recursos gastados en los procesos electorales.
Justificados por estas circunstancias los partidos se han aumentado consecutivamente los recursos para sus campañas proselitistas sin que tan dispendiosas prerrogativas modifiquen la estadística de participación ciudadana.
Es decir, los ciudadanos no acuden a las urnas, entre otras razones, por desconfianza a los partidos y por las insulsas campañas que atiborran groseramente los medios masivos de comunicación.
La ausencia de participación ciudadana no encarece entonces las elecciones sino la falta de presencia y penetración de los partidos que sólo saben aumentarse los recursos de campaña en tiempos de crisis nacional.
Otra razón que encarece las elecciones es la gran cantidad de medidas de seguridad que las autoridades tienen que tomar para darles confianza a los partidos sobre la organización de las elecciones.
La desconfianza de los partidos encarece profundamente los procesos electorales por la cantidad de triquiñuelas que son capaces de hacerse entre si y que piden a las autoridades se eviten.
Luego de que se les cumple todas sus exigencias, finalmente los partidos acusan a los miles o millones de ciudadanos integrantes de las mesas directivas de casillas de prestarse a fraudes, que solo ellos pueden promover.
Una razón más del encarecimiento de los procesos electorales es la participación de partidos “pequeños” o “emergentes” que normalmente pierden su registro en sus primeras participaciones en elecciones federales o locales.
Cualquier estudio serio demuestra con facilidad que estos partidos son los que obtienen los votos más caros y que con menos claridad comprueban el financiamiento otorgado por las instituciones electorales.
Podría continuar argumentando decenas de cuestiones “técnicas” que encarecen las elecciones y ninguna de ellas tendría que ver con la responsabilidad de los ciudadanos.
Es necesario decirlo con todas sus palabras: son los partidos políticos los que encarecen la democracia mexicana, pero sería un despropósito sugerir su desaparición.
Por el contrario, las instituciones partidistas son necesarias para el fortalecimiento de nuestra democracia, pero sostener que solamente adjudicándoles mayores recursos conseguiremos vigorizarlas es una falacia total.
Entonces concluyamos: son los partidos y nos los ciudadanos los que encarecen las elecciones. Luego entonces bastaría limitar los excesivos recursos destinados a los partidos para conseguir importantes ahorros sin necesidad de negarles a los ciudadanos su derecho a votar y elegir.
Para demostrar lo anterior propongo se discuta con seriedad las siguientes propuestas:
— Eliminar el financiamiento público ordinario de manera permanente a los partidos políticos con registro ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Justificación: El Instituto Federal Electoral otorga año con año financiamiento ordinario a los partidos políticos para el sostenimiento de su estructura nacional. No existe, por lo tanto, ninguna razón para que los órganos estatales vuelvan a otorgar recursos por esa misma razón. En el año 2007 los partidos recibieron más de 50 millones ($50‘043,391.92) del IEyPC por el concepto de “financiamiento ordinario”, lo que multiplicado por seis años daría como resultado un ahorro sexenal de más 300 millones de pesos.
— Reducir el financiamiento de campaña de los partidos políticos
Justificación: Si en la contra reforma por venir se propondrá la reducción del tiempo de precampañas y campañas (10 y 20 días, respectivamente), para la elección de diputados, es perfectamente razonable que puedan reducirse también las de alcaldías. Esta reducción en tiempos justifica también la reducción del financiamiento, que podría ser de una tercera parte lo que ya se les otorga anualmente y que es superior, a los 50 millones de pesos.
Es importante destacar que de establecerse estas reducciones en la legislación electoral vigente en Chiapas, el ahorro permanente de recursos permitiría destinarlos a programas dirigidos a la población marginada durante todo el sexenio y no de manera coyuntural y única con la cancelación de las elecciones municipales de 2010.
Si los partidos, a través de sus diputados locales, sostienen que pueden ponerse de acuerdo para integrar los concejos de 118 municipios, cuestión que se me antoja verdaderamente compleja y difícil, es más fácil que simplemente se decidan a reducirse el financiamiento público que se les otorga en Chiapas.
Y si además ponen a consideración del pueblo estas medidas de verdadera austeridad republicana y de profunda responsabilidad social, podrían ganarse el prestigio que necesitan para convencer a los ciudadanos a participar en las elecciones de diputados y alcaldes para abaratarlas más.
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