La asesoría tras la reforma: trascender o ser trascendidos

Enrique Alfaro / Columna Rumando

Quienes dieron origen e impulso a la reforma constitucional y electoral aprobada por el Congreso local deben de haber previsto todos los distintos escenarios posibles, favorables y adversos, que pudieran presentarse.
Por su naturaleza, este acto legislativo atañe directamente a la constitucionalidad vigente en el país y sus posibles consecuencias legales y políticas debieron ser anticipadas.
La gravedad de la reforma legislativa que inicialmente tuvo su paternidad en el Partido Revolucionario Institucional de Chiapas y luego fue adjudicada a la pluralidad representada Junta de Coordinación Política del congreso local, podría ubicar a sus actores en el ojo del huracán.
La asesoría, junto con el proyecto de reforma, debió acompañarse de su propio “atlas de riesgos”, en los que se agotara los posibles recursos políticos y legales en contra de la iniciativa, que pudieran no estar agotados.
El ambiente de mutismo creado durante el periodo de aprobación y finalmente publicación de la reforma referida, pareció dar paso a otro de celebración contenida, pero el “vencimiento del plazo para impugnar” previsto por los impulsores pudiera no estar concluido, lo que “prende focos rojos” en palacio.
Según el diario El Orbe “la Procuraduría General de la República intensificó la investigación en torno a la reforma legislativa promovida por el Congreso del Estado de Chiapas”.
Trasciende también que los juristas asesores del Congreso de la Unión se encuentran reuniendo información sobre el asunto en comento preocupados por sus posibles consecuencias, luego del activismo de Jorge Alcocer para llamar la atención sobre la reciente reforma chiapaneca.
Si nos atenemos a esto, los integrantes de las LXIII legislatura local deben de preocuparse, pues vendieron una idea que a estas alturas debiera estar en firme, sin discusión.
Supongo que los consejeros tras la reforma también se obligaron a prever la actitud que asumirá la representación de la Organización de las Naciones Unidas, que se ha vuelto la principal halagadora de la constitución chiapaneca, ante las modificaciones recientes y en caso de que pudiera darse un revés a lo aprobado por los diputados locales.
Por lo pronto, el gobernador Juan Sabines Guerrero se sujetó a lo disponga de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre dicha reforma constitucional en torno a prolongar el periodo de los legisladores.
Los asesores de los poderes de la entidad juegan hoy un papel fundamental. La moneda está en aire para trascender o ser trascendidos.